El Gobierno de Canarias elimina las listas de espera de discapacidad en islas no capitalinas con un nuevo sistema de gestión

• El éxito de la descentralización y el Decreto-ley 4/2025 permite resolver valoraciones en menos de 180 días en todas las islas no capitalinas

Miércoles, 11/03/2026. - La Laguna Televisión.

El Gobierno de Canarias ha conseguido, con la gestión de esta legislatura, eliminar las listas de espera de discapacidad en todas las islas no capitalinas, lo que significa que el Gobierno resuelve, en La Gomera, El Hierro, La Palma, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa en menos de 180 días todas las valoraciones de discapacidad, tal y como marca la ley. Si bien este es un éxito basado en múltiples acciones de gestión, el objetivo para junio de 2027 sigue siendo ambicioso: conseguir la misma reducción en las islas capitalinas.
Los avances se han dado, principalmente, como consecuencia de la gestión descentralizada de la valoración de la discapacidad, conveniando con los cabildos la formación de equipos que atiendan a la población local. Asimismo, ha supuesto un importante espaldarazo la aplicación del Decreto-ley 4/2025, de 29 de julio, que regula el proceso de valoración. El decreto nace precisamente para hacer más ágil y eficiente la valoración. La principal novedad es la posibilidad de resolver por informe médico determinadas patologías crónicas muy frecuentes.
Con estas y otras medidas, como los equipos descentralizados en poblaciones locales alejadas de los núcleos metropolitanos, los itinerantes en poblaciones de islas como El Hierro, Canarias ha conseguido unas islas más iguales, en las que el territorio fragmentado no suponga una doble discriminación para la ciudadanía. En este ámbito, las medidas organizativas han contado con el esfuerzo y la implicación del personal responsable de los equipos de valoración, que ha sido un detonante en el incremento del número de valoraciones diarias que se vienen realizando.
Todo este esfuerzo normativo, organizativo y presupuestario tenía que traducirse en datos. El informe de gestión de 2025 nos permite, por primera vez, ver el efecto combinado de las medidas.
Entre 2020 y 2024 el sistema trabajó siempre por debajo del nivel necesario para evitar la acumulación entraron 82.146 expedientes y se resolvieron 52.876, casi treinta mil expedientes más de entrada que los resueltos.
A partir de 2024 se aprecia una cierta recuperación y en 2025 se produce un giro claro: por primera vez se resuelven muchos más expedientes de los que entran y la bolsa histórica de espera comienza a reducirse. 17.265 resoluciones totales, lo que significa que se resuelve casi el 185 % de lo que entra, que la bolsa pendiente empieza a bajar en lugar de crecer. Supone triplicar el ritmo de resoluciones y reducir los tiempos de espera, aunque aún en las islas capitalinas estamos en los 565 días, frente a los 732 de 2023.
Esto representa un incremento de resoluciones con respecto a 2024 que supera el 40%, registrándose el mayor aumento en las islas de Tenerife y Gran Canaria. Aún así, en las islas capitalinas aún existe una lista de 26.000 personas esperando por la valoración de la discapacidad, en cuya atención está ahora centrada esta Consejería, a través de la Dirección General de Discapacidad, aunque la reducción es sustancial si tenemos en cuenta que a principios de legislatura había más de 40.000.
Cabe destacar que el acceso a la historia clínica electrónica constituye un elemento clave, ya que ha permitido agilizar de manera significativa la tramitación y resolución de estos expedientes, evitando solicitar información adicional a la ciudadanía si ya está en los sistemas sanitarios. Esto hace que cada vez más expedientes se resuelvan sin cita, liberando tiempo de los equipos para los casos que sí requieren exploración directa.
Este cambio se refuerza con la automatización que estamos desplegando, con robótica e inteligencia artificial, y con la priorización de perfiles. Porque el decreto introduce algo que muchas entidades venían reclamando: una priorización más justa. Hasta ahora la prioridad estaba limitada a los menores de 0 a 6 años. Hoy se extiende hasta los 18, de forma que niños, niñas y adolescentes con discapacidad no queden atrapados en una cola general en una etapa clave de su desarrollo.
Al mismo tiempo, se incorporan las situaciones sociales graves como criterio expreso de preferencia, porque sabemos que la discapacidad golpea mucho más duro cuando se combina con pobreza, desempleo o entornos familiares muy frágiles. La lista de espera deja de ser una simple cola cronológica y pasa a ordenarse según la urgencia social.